UNAM: La culpa no es de los tramposos

Alejandro Manzano
Opinion
5 de agosto de 2026

La narrativa institucional y mediática busca inculpar a los aspirantes a la educación superior de lo que es, de hecho, un grave caso de negligencia institucional.

1. Contexto

Va para un mes de polémica nacional por la situación derivada del examen de ingreso para la UNAM.

Como egresado de la Universidad Nacional, tengo sentimientos encontrados al respecto de este proceso, pero algo me queda muy claro: estamos ante un caso de negligencia institucional sumamente grave, por el que debe de haber consecuencias.

A. Contexto general

La UNAM es la 15a universidad con más estudiantes del mundo, con 337,763 según Wikipedia. De las mexicanas, le sigue la de Guadalajara con 241,774. El carácter gratuito de la matrícula, así como el pase reglamentado para egresados de las escuelas de nivel medio superior de la misma UNAM, atraen cada año a decenas de miles de aspirantes. La mayoría aplica mediante el examen de ingreso, una prueba estandarizada de 120 reactivos de opción múltiple, que cubre áreas generales de nivel medio superior (español, matemáticas, química, física, historia, geografía).

De acuerdo a la demanda para cada carrera, la UNAM establece puntuaciones mínimas requeridas para ingresar. El aspirante necesita acertar en más reactivos para ingresar a Medicina que para Bibliotecología o la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos.

Desde los años 80, existen grupos de aspirantes rechazados que realizan marchas, plantones y demás tácticas para exigir, con éxito, que se inscriba a estudiantes que fueron rechazados en este proceso. No hay fuentes fidedignas al respecto, pero sé de oídas que estas negociaciones colocan de manera preferencial a estudiantes según el criterio de la dirigencia, que los clasifica de acuerdo a un sistema de “puntos” que se corresponde con su participación en actividades del grupo. Esta práctica es común en grupos altamente organizados, como Antorcha Campesina.

Que yo tenga noticia, las manifestaciones actuales no responden a estas agrupaciones históricas, sino que surgen de manera espontánea ante la coyuntura por el proceso de este año.

B. Contexto específico

A grandes rasgos, estos son los hechos clave del escándalo:

12 de enero de 2026: la UNAM publica la convocatoria para el examen, anunciando que, por primera vez, los aspirantes lo presentarán en línea. Esto mediante un contrato con la empresa Territorium Life por más de 40 millones de pesos. La Universidad se congratuló a sí misma por instaurar un cambio histórico, facilitar el acceso y contar con medidas antitrampa de inteligencia artificial.
Mayo-junio: más de 158 mil aspirantes presentan el examen.
3 de julio: la UNAM presenta una denuncia penal contra algunos aspirantes por haber hecho trampa.
21 de julio: el rector Leonardo Lomelí anuncia la creación de una Comisión Técnica para revisar el proceso y emitir recomendaciones.
23 de julio: la UNAM anuncia que se suspende el proceso de admisión, que habría de iniciar el día 27. A partir de este punto, se desatan protestas de los aspirantes. Citan múltiples irregularidades, como el uso de teléfonos celulares, exámenes hechos en equipo, con ayuda de terceros o con prestanombres.
24 de julio: La Jornada (el periódico de la UNAM) publica que en TikTok cundieron guías para hacer trampa en el examen. Específicamente, consejos para “engañar” al sistema antitrampas de IA.
27 de julio: Eduardo Bachkoff, miembro de la Comisión Técnica, publica una columna en El Universal en la que declara que los resultados del proceso son “insostenibles”: demasiados aspirantes tuvieron calificación perfecta, demasiados aprobaron con suficientes aciertos para entrar a la carrera de su elección.
28 de julio: Territorium Life emite un comunicado público en el que solicita comparecer ante la Comisión Técnica. Asegura que el sistema en sí operó sin errores, pero que “la integridad de una evaluación de alta demanda no depende exclusivamente de la infraestructura tecnológica, sino que requiere la coordinación de dos componentes inseparables: la seguridad tecnológica y la seguridad académica” y que “hasta la fecha, Territorium no ha tenido la oportunidad de exponer directamente ante la comisión de la UNAM el alcance de su participación.”
1 de agosto: la Comisión Técnica presenta su informe, en el que recomienda convocar a un segundo examen, “de control”, para los aspirantes que obtuvieron puntuación aprobatoria en las rondas normales. También se anunció que las puntuaciones mínimas aprobatorias para el examen de control serán más altas, en todas las carreras, que en el examen ordinario, de modo que un aspirante que no haya hecho trampa la primera vez podría quedar excluido si no alcanza el nuevo requisito de calificación.

2. Mi opinión

Lo que acaba de ocurrir es un hecho sin precedentes de negligencia institucional. Para bien y para mal, la UNAM juega un rol desproporcionado en cuanto institución del Estado mexicano al garantizar el ejercicio pleno del derecho humano a la educación, reconocido en el Artículo 3o. Constitucional. Este rol, si bien es resultado de un cúmulo de circunstancias fácticas —la falta de cantidad y calidad en el resto de la oferta educativa gratuita federal; la no gratuidad de la educación universitaria en las universidades públicas de los estados, sobre todo mediante el cobro de cuotas de inscripción, más bien colegiaturas de facto; todos estos factores que escapan al control de la UNAM—, en los hechos deviene en una responsabilidad superlativa de garantizar la integridad, transparencia y confiabilidad de sus procesos de admisión.

El civismo nos convoca a, primero que nada, reconocer que esta situación es inaceptable, y que la responsabilidad recae plenamente sobre los funcionarios responsables.

Las declaraciones de los funcionarios de la UNAM (y, me atrevo a decir, la línea editorial de La Jornada) colocan la culpa por lo sucedido sobre los hombros de los aspirantes. Esto equivale a llamarse a sorpresa ante uno de los acontecimientos más ordinarios del mundo: el que, dado un procedimiento competitivo de selección, en el que está en juego un resultado tan significativo como el acceso a la educación superior, algunos (o la mayoría) de los aspirantes consideren e incluso opten por hacer trampa. Cualquier maestro de cualquier nivel puede confirmar que trampas siempre va a haber. Puede tratarse del examen más fácil o el grupo mejor portado del mundo, pero, de que alguien intentará delinquir, se sabe. No es responsabilidad de los alumnos (hablando en serio, a nivel de política de Estado) salvaguardar cada uno, en lo personal, la integridad completa de una política pública. Para eso existen las instituciones, para eso hay reglamentos, presupuestos y funcionarios que perciben un pago.

Según la prensa, en el convenio que celebró la UNAM con Territorium Life, no se establece ninguna sanción o procedimiento alguno en caso de que el sistema fuera vulnerado o se efectuase algún fraude. Cuando yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria, no había papel higiénico en los baños. En abril de este año la UNAM anunció que consideraría cerrar las 15 carreras con menos demanda. El convenio con Territorium Life tuvo un costo de 40 millones de pesos. Tal costo monetario es poco si se compara con el daño que el escándalo le está causando a la reputación de la Máxima Casa de Estudios. Una responsabilidad colosal debe corresponderse con sanciones ejemplares, por el bien de la credibilidad (y como escarmiento para futuros procesos) de la institución. Como mínimo, se deberá empezar con la dimisión o remoción del cargo de todos los funcionarios involucrados en la planeación, el convenio y la aplicación del examen. Sin ardides, esto irremediablemente implica la salida de Leonardo Lomelí como rector.

También debería emprenderse un proceso de auditoría nuevo, confiable e independiente, acerca de este desastre. Para encabezarlo, cualquier Comisión que se nombre no puede incluir a funcionarios que participaron en la debacle.

En segundo orden de ideas, se debe resolver la situación de los aspirantes. Para mí, todavía es injusto que se aplique un “examen de control” sobre la base de la primera prueba, ya que estuvo viciada. Salomónicamente, se debe cancelar el proceso de admisión por examen de ingreso e iniciar las clases del primer semestre únicamente con la matrícula del pase reglamentado. Si esto coincide con consecuencias ejemplares para los funcionarios negligentes (consecuencias que, insisto, solo empiezan con su remoción del cargo), se podría solventar gran parte del descontento público, sin olvidar que, en este punto, el daño ya está hecho. El camino hacia recuperar la credibilidad será difícil y largo, pero empieza con que acertemos en ubicar la responsabilidad en donde en verdad reside: no es culpa de los tramposos, ni del sistema; aquí ocurrieron negligencias desastrosas cometidas por funcionarios con nombre, apellido y salario. Si los grupos de poder al interior de la Universidad no son capaces de asumir o imponer las responsabilidades correspondientes, entonces, con el perdón de la autonomía, pero este es un caso de altísima gravedad en el que es legítimo que intervengan las autoridades externas.

Y, si esto no ocurre, entonces, como dicen los funcionarios al juramentar el cargo, que la nación se los demande.

Fuentes

Foto de portada: el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí (Cuartoscuro).

UNAM: La culpa no es de los tramposos

1. Contexto

A. Contexto general

B. Contexto específico

2. Mi opinión

Fuentes

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